Diccionario legal

Mediante este requerimiento el arrendador (casero) reclama al arrendatario (inquilino) el pago de las rentas adeudadas. Útil como paso previo a un procedimiento judicial de desahucio si se desea cumplir todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia para impedir la Enervación del Desahucio, y asegurar además la condena en costas al arrendatario. Válido también para contratos posteriores al 6 de junio de 2013.

Mediante este requerimiento el arrendador (casero) reclama al arrendatario (inquilino) el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).  Útil para contratos anteriores al 9 de mayo de 1995, siempre y cuando en el contrato no se haya pactado otra cosa (por ejemplo que el IBI corre por cuenta del arrendador (casero). 

En muchas ocasiones a lo largo de la relación entre arrendador y arrendatario es necesario realizar una comunicación fehaciente, para lo cual siempre hemos recomendado el Burofax certificado y con acuse de recibo. Uno de los requerimientos más importantes, por sus consecuencias jurídicas, es aquel por el que el arrendador reclama al arrendatario el pago de las rentas adeudadas. Lo hemos explicado en nuestro artículo “Mi inquilino no paga la renta ¿qué hago?”. Pero, ¿qué pasa si el inquilino no recoge el Burofax?

Mediante este requerimiento el arrendador (casero) reclama al arrendatario (inquilino) el pago de las cuotas de comunidad, o de impuestos (básicamente el Impuesto de Bienes Inmuebles). Útil para el arrendador (casero) en contratos posteriores al 1 de enero de 1995, para reclamar al arrendatario (inquilino) los gastos de comunidad y/o el IBI, siempre y cuando se haya pactado en el contrato que dichos gastos son a cargo del arrendatario (inquilino). Además, en lo que se refiere a gastos de comunidad, en el contrato debe constar el importe anual de dichos gastos en la fecha de la firma del contrato, o el pacto no será válido. Este requerimiento también se puede usar en contratos posteriores al 6 de junio de 2013.

Mediante este requerimiento el arrendador (casero) repercute en el arrendatario (inquilino), hasta el límite legal, el coste de las obras de conservación que ha realizado en el inmueble arrendado a solicitud de arrendatario o por orden de la autoridad, valiéndose para ello del método de cálculo previsto en la Disposición Transitoria Segunda LAU. Útil para el arrendador (casero) en contratos anteriores al 1 de enero de 1985, siempre y cuando no se haya pactado lo contrario y la obra haya sido realizada a solicitud del arrendatario o por orden de la autoridad. Si la obra ha sido realizada a iniciativa del arrendador, véase: Requerimiento de repercusión de obras necesarias, ex.art.108TRLAU.

Mediante este requerimiento el arrendador (casero) repercute en el arrendatario (inquilino), hasta el límite legal, el coste de las obras de conservación que ha realizado en el inmueble arrendado por iniciativa propia, valiéndose para ello del método de cálculo previsto en el art.108 TRLAU64. Útil para el arrendador (casero) en contratos anteriores al 1 de enero de 1985, siempre y cuando no se haya pactado lo contrario y la obra haya sido realizada por iniciativa del arrendador. Si la obra ha sido pedido por el arrendatario u ordenada por la autoridad, véase Requerimiento de repercusión de obras necesarias, ex. D.T.2a LAU

Mediante este requerimiento el arrendador (casero) reclama al arrendatario (inquilino) el pago de los gastos generales o de comunidad, o de suministros, de los que se ha beneficiado la vivienda o local arrendado. Útil para el arrendador (casero) en contratos anteriores al 9 de mayo de 1985, tanto de vivienda como de locales de negocio, en los que no se haya pactado otra cosa, para reclamar al arrendatario (inquilino) la parte proporcional que se ha cargado a dicho inmueble de gastos por servicios o suministros. Tïpicamente se trata de gastos de conservación y mantenimiento del portal o escalera -si el inmueble tiene acceso por ellos- o gastos de fachada. Previsto en el apartado 10.5 de la D.T.2a., aplicable también a locales de negocio.

Mediante este requerimiento general el arrendador (casero) revisa y notifica al arrendatario (inquilino) el nuevo importe de la renta de alquiler, al amparo del art. 18 y 4.3 LAU, tanto para viviendas como para locales de negocio. Útil para el arrendador de contrato posterior al 1 de enero de 1995 (también posteriores al 6 de junio de 2013). En el caso de viviendas, durante los cinco primeros años de vigencia del contrato sólo se puede actualizar conforme al IPC general. A partir del sexto año cabe utilizar otro índice -como el IPC de vivienda en alquiler- siempre y cuando se haya pactado así. Es conveniente realizar la notificación por medio de  Comunicación fehaciente.

Modelo de requerimiento para revisar la renta anualmente conforme al IPC. Útil cuando en el contrato no se ha pactado ninguna forma de revisión o si se ha pactado explícitamente que sea conforme al IPC. Válido para contratos celebrados entre el 1 de junio de 2013 y el 1 de abril de 2015.

Modelo de requerimiento para revisar la renta anualmente en la forma pactada en el contrato de alquiler. Útil cuando el contrato recoge un método de actualización de la renta distinto del clásico referido al IPC. Si no pactó nada, no le resultará útil. También puede ser utilizado en contratos posteriores al 1 de abril de 2015, pero sólo si el método de revisión ha sido pactado expresamente y es distinto del Indice de Garantía de Competitividad.

Mediante este requerimiento se revisa la renta de alquiler de viviendas o locales a partir del siguiente año a haber completado el proceso de actualización previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la LAU. Útil si en el contrato no se contemplaba la revisión de la renta, ésta se ha actualizado ya al 100% conforme a la DT2ª y se desea seguir incrementando la renta anualmente igual que se incrementa el IPC. 

Mediante este requerimiento se revisa la renta de alquiler de viviendas conforme al IPC para el caso de haber intentado la actualización prevista en la DT2ª LAU y haber resultado ineficaz por falta de recursos económicos u oposición del arrendatario (inquilino). Útil para el arrendador (casero) cuando ha requerido al arrendatario (inquilino) la actualización prevista en la DT2ª LAU, y el inquilino le ha acreditado ingresos por debajo del límite legal o se ha opuesto a la actualización. Cabrá entonces revisar la renta conforme al IPC por medio de este requerimiento. Sólo para viviendas.